Todo Estado Capitalista, aún de bases democráticas, tiene como límite de
su disenso interno, la preservación de los valores fundamentales en los
que se fundan y, especialmente, los intereses de las clases y demás
sectores sociales que lo controlan por lo que, en momentos de grandes
sismos políticos que amenazan esas hegemonías, la respuesta del aparato
del Estado - creado precisamente para preservarlo del cambio -, se
pone en acción para hacer uso de todos los medios a su alcance con el
fin de evitar la destrucción del orden constituido o, en el peor de los
casos, aceptar cambios importantes en su desgastada hegemonía pero que
preserven lo fundamental: la continuación de las clases dominantes en la
dirección de la sociedad y el Estado.
La Democracia, como valores de convivencia civilizada y medio de
convivencia y legitimación política de las sociedades, constituye un
instrumento importante de prevención y contención de las soluciones de
fuerza de los conflictos de Poder pero, cuando el marco jurídico del
juego democrático impuesto por los Poderes Constituidos esta en peligro
por la amenazas de fuerzas de signo antagónico, se hace uso de la
reserva extrema del “Estado de Derecho” que no son otros que las leyes
de emergencia y seguridad nacional y el uso letal de la fuerza para
defender al Estado; lo que quiebra la legitimidad del orden establecido y
consensado a través de las reglas democráticas y se produce la
confrontación generalizada. Y eso fue lo que sucedió con el Golpe de
Estado en Egipto perpetrado por el Comando General de la Fuerzas
Armadas bajo la dirección del general mubarakista Al Sisi, y el
antiguo magistrado mukabarista Adli Mansu, Presidente del Tribunal
Supremo de Egipto
El 11 de febrero de 2011, cuando se iniciaron las movilizaciones
populares en el Cairo, Alejandría, Suez, por Said y otras importantes
ciudades en contra de la “dictadura perfecta” del general Hosni Mubarak,
y en la cual se hacía evidente la presencia de corrientes importantes
del islamismo político de los Hermanos Musulmanes y los salafistas del
Movimiento Al Nush, los jerarcas del régimen utilizaron todos los medios
legales e ilegales para preservar su Poder, reprimiendo y
encarcelando la dirigencia islamista, incluyendo al doctor Mohammed
Mursi, mientras recomponían su gobierno con figuras polticas y
“independientes” y tecnócratas, e incluso, de algunas figuras de las
Fuerzas Armadas de cierto prestigio popular, ofreciendo cambios
constitucionales para permitir cierto juego de partidos y la
legalización de todos los proscritos, incluyendo a los Hermanos
Musulmanes, así como la reforma electoral para la convocatoria, en dos
(2) años, de elecciones directas de presidente – sin posibilidad de
reelección de Mubarak – y al Parlamento pero, todas las maniobras
políticas, fracasaron ante la determinación de todas las fuerzas
sociales y políticas de que debían de renunciar e instalarse un nuevo
gobierno, lo cual se consiguió un año después de haberse producido 850
asesinados por las mismas tropas del ejército y la policía que éste 15
de Agosto asesinaron a más 550 luchadores por la Democracia no armados.
Ante la imposición de la Democracia y la convocatoria a las elecciones,
en medio de la derrota de Mubarak y su viejo aparato opresivo, los
operadores políticos del imperialismo y los gobiernos de la Unión
Europeo movieron sus fichas para cerrarle el paso a la fuerzas
creciente del islamismo político uniendo a figuras académicas del
mubakarismo, empresarios aliados de ese gobierno a quienes aliaron con
fracciones liberales, y de la izquierda eurocéntrica (aterrorizada con
la posibilidad de un gobierno islamista en Egipto), sin que tales
intentos pudieran impedir el triunfo presidencial en julio 2012, del
doctor Mahammed Mursi y sus siguientes victorias para las elecciones
parlamentarias y la Asamblea Constituyente; situación que
definitivamente representaba el desplazamiento del mubarakismo - aliado
de USA y del sionismo – de las instituciones fundamentales del Estado,
por lo que era inevitable que hicieran uso del recurso extremo de la
fuerza para parar y hacer retroceder esta revolución islámica pacífica y
con reglas democráticas y por ello ejecutaron un Golpe Militar clásico,
teniendo como cíico argumento la petición de intervención de
“millones” de egipcios reunidos en la plaza Tahfir.
Con la ejecución de la segunda fase sangrienta del Golpe de Estado
Militar, no se abre un espacio al cambio democrático sino a un intento
de restauración maquillada del viejo sistema corporativo, verticalista y
represivo de Hosni Mubarak, al servicio del imperialismo
norteamericano y aliado estratégico del sionismo israelí en el Medio
Oriente y el Norte del Africa, el cual, en el mejor de los casos y bajo
la permanente tutela de las Fuerzas Militares, se abrirá hacia las
corrientes liberales y socialdemócratas euorocentristas que siempre
hicieron una “oposición leal” y que, aunque se declaren “demócratas”,
son incohentes con sus principios al no aceptar que sea el pueblo
egipcio, mediante el voto directo, universal y secreto, quienes elijan a
sus parlamentarios, sus gobernantes y, especialmente, decidan sobre el
proyecto de país que consideran más convenientes a sus intereses
sociales y nacionales.
Sin embargo, muy a pesar del criminal Al Sisi y su patético escudero
Mansur y el aparato institucional y social del mubarakismo hoy
temporalmente triunfante, hay suficientes evidencias que no será posible
reconstruir el orden el viejo orden corporativo que mantuvo a Hosni
Mubarak durante 30 años en el Poder en Egipto, porque hoy existe una
fuerza social y política organizada, con una dirigencia articulada y un
proyecto de país expresada en la Constitución aprobada por el pueblo
egipcio, que ha sido capaz de movilizar pacíficamente a millones de
egipcios en defensa de sus derechos democráticos, algo nunca vista en
toda la historia del milenario pueblo árabe de Egipto.
Yoel Pérez Marcano
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