En estos días, cuando
las precarias condiciones
económicas, unidas a la tendencia privatizadora con que se administra el
sistema educativo público, lanzaron a miles de colombianos, la mayoría
profesionales desempleados y hasta jubilados, tras la posibilidad de
obtener puestos
directivos y docentes, “aunque sea de profesor”, como se mantiene desde
hace algún tiempo; ante los rumores de fraude anticipado
a la Prueba escrita mal diseñada por el ICFES y controlada por empresas
de garaje, vale la pena sentarse a analizar qué hay
detrás de todo esto.
De
entrada no queda mal preguntar lo obvio: Quiénes, sino los más cercanos al
ICFES para filtrar la información? Lo segundo, quiénes hacen la denuncia y por
qué? La primera pregunta, debe contestarla el gobierno central, quien por
ahorrarse dinero, busca a particulares para que custodien y proporcionen
seguridad al proceso de recepción, realización y devolución de los materiales del
examen. ¿Cómo se garantiza a los 284.517 aspirantes, quienes además de conseguir el dinero para la
inscripción se prepararon forzadamente, que sus intereses y anhelos para
emplearse, aunque fuese de docente, estarían protegidos de los oportunismos de
unos pocos avivatos, los cuales vieron en esta convocatoria una nueva
oportunidad para lucrarse a expensas de las esperanzas de los desempleados?
Pero por fuera de esa situación,
esperable entre otras cosas, aún no he leído pronunciamientos en contra de la homogenidad
de los cuestionarios que debieron responder aspirantes para distintos cargos.
Acaso los que logren pasar el concurso etnoeducativo afrocolombiano van a
relacionarse con población mayoritaria o a la inversa. Igual para los
aspirantes a coordinadores, que debieron abordar preguntas como si tuvieran en
mente ser rectores.
Se está diciendo, respecto a la
confección de la prueba escrita, que la misma, no fue diseñada conforme los
parámetros de la evaluación pedagógica, evidenciándose hasta la pereza para
modificar la redacción de las preguntas, puesto que la única diferente entre
los subgrupos de cuestionarios contestados, fue la que debieron responder los
aspirantes a plazas etnoeducativas para negritudes.
Puede decirse que los cambios en
la redacción, para adecuar la forma de lo preguntado a los perfiles de los cargos
a proveer fue lo de menos, en medio de errores mucho más protuberantes, como el
de repetir los mismos cuestionarios efectuados en el pasado, situación que
debería analizarse muy bien, ya que las presuntas pruebas del fraude que se
presentan en las redes sociales virtuales, pueden estar asociadas con los
motivo que tuvo el ICFES hace años para anular el examen efectuado en su
momento. Si desde entonces vienen circulando tales respuestas y sí las
entidades convocantes no se tomaron el trabajo de elaborar nuevas preguntas,
precisando en las mismas contenidos para distintos cargos, entonces, ¿a quién los
entes de control tienen que atribuir la responsabilidad inicial?
Ahora bien, quienes nos
presentamos a esta segunda fase de la convocatoria, tenemos suficientes motivos
para demandar a los convocantes, como quiera que desde un comienzo, al utilizar
la misma base de preguntas, presumiblemente relacionado con el concurso que fue
anulado, no solo se burlaron de los aspirantes, sino que además de motivar el
fraude, desnudaron la poca valoración que tienen de la profesión y el futuro
educativo del país.
En el fondo, lo que debe
denunciarse, es la farsa de una convocatoria que más allá de las utilidades
económicas dejadas, solo sirve para enmascarar la imposibilidad del Estado para
resolver el desempleo profesional, agravando la crisis en que se debate la
educación pública, al incorporar personas que con el respeto que merecen
profesionalmente, no han pasado por facultades de educación y normales, las
mismas que a su vez participan del deterioro escolar, organizando cursos exprés
dizque de actualización pedagógica para profesionales no licenciados. ¿En dónde
está la defensa de la calidad educativa, la responsabilidad ética de cara a los
requerimientos de la sociedad y el respeto a los derechos de los licenciados?
Hasta ahora, curiosamente, los gremios del
sector educativo no se ha pronunciado al respecto, como tampoco, ante la otra faceta
de la farsa de las Pruebas diseñadas por el Icfes para los estudiantes de Básica
y Media, en donde suponen evaluar competencias propositivas y argumentativas,
cuando las mismas, todos saben, atendiendo a la definición de competencias como
“saber hacer en contexto con el conocimiento”, solo pueden valorarse en
contacto con realidades objetivas; y un escrito, una prueba de lápiz y papel,
nunca podrá remplazar la práctica social, realidad igualmente ignorada en las
famosas y temidas Pruebas Icfes Saber, porque las mismas suponen evaluar las
competencias cognitivas que todo joven colombiano, sin importar las condiciones
locales, al igual que los de todos los países atravesados por los dictámenes de
las Organizaciones multilaterales, deben dominar en relación con las Ciencias.
Sin embargo, en tiempos en que las problemáticas
sociales, económicas y morales han rebasado las posibilidades de la Escuela
tradicional para responder con métodos adecuados factores que evidencian los cambios
del contexto frente a un sistema educativo anclado en el pasado, al Ministerio
de Educación desde hace 12 años se le ocurrió, en contravía de la falsa calidad
educativa que dice fomentar, abrir las puertas de los Centros e Instituciones
educativas a personas que por los tamaños de las dificultades encontradas al
interior de los planteles, optan por hacer del magisterio un espacio laboral de
paso, trampolín para estar cerca de sus lugares de residencia, incluso, para
pasar sin ninguna clase de problema de la nómina de etnoeducadores a la
docencia mayoritaria.
Aprovecho para hacer notar que así como los
dirigentes, políticos, administradores estatales, legisladores y las entidades de control “se hacen los de la
vista gorda” ante las situaciones descritas, hay otros acumulados irregulares
en el sistema educativo a los cuales, tal vez por el acostumbramiento, se dejó
de percibir como factores vinculados a la crisis que corre la educación
pública. Cito solo algunos.
Por ejemplo, pese a la creciente problemática
ambiental, la legislación sobre el tema también fue convertida en otra oferta
más a los particulares para que hagan “su agosto” realizando capacitaciones que
no tienen seguimientos, como tampoco enlaces con las entidades estatales
desarticuladas entorno a una cuestión que por sus dimensiones, debería ser el
eje de los proyectos educativos institucionales.
La mayor contradicción en este campo, se
encuentra al definirse los Proyectos Ambientales Escolares-PRAE-, obligatorios
según Ley, como otros tantos y Cátedras, como “proyectos que incorporan la
problemática ambiental local al quehacer de las Instituciones Educativas,
teniendo en cuenta su dinámica natural y socio-cultural de contexto. Dicha
incorporación, tiene el carácter transversal e interdisciplinario propio de las
necesidades de la comprensión de la visión sistémica del ambiente y de la
formación integral requerida para la transformación de realidades locales,
regionales y/o nacionales”.
Que se sepa, las secretarías de educación,
Corporaciones regionales, universidades y organizaciones afines, andan tan
desintegradas alrededor de las problemáticas ambientales, que ello no permite
identificar agendas comunes permanentes que permitan a las Instituciones
Educativas atender las demandas planetarias respecto a calentamiento global o
en el marco regional, direccionar acciones conjuntas sobre situaciones que
afectan a las poblaciones específicas.
Por ello, el lema que debería orientar el
quehacer escolar, según el cual “educación que no es ambiental no es
educación”, contrario a lo que debería suceder por los grandes riesgos de
perecer como especie humana, queda como un ideal, como algo deseable desde las
cabezas de unos pocos soñadores, porque las acciones institucionales tratan
aislada, sin recursos ni orden de prioridad de “incorporar” infructuosamente la
dimensión ambiental en la Escuela.
Dificultad que suena muy bien al Estado, el
menos interesado de todos en que la vida escolar coloque a su centro los problemas
ambientales, puesto que ello conduciría a que los estamentos de las mal
llamadas “comunidades educativas”, además de encontrar apoyos para erradicar
las atomizaciones curriculares que las caotiza, también, puedan solucionar
la creciente descontextualización con
los grandes problemas de los entornos, los mismos que todos saben, son
generados por los impactos del modelo de desarrollo vigente.
Imaginémonos al gobierno de Santos, tratando
por un lado de asegurar la inversión extranjera en la mega minería, agro
combustible, hidroeléctricas, exportación forestal, industrias turísticas,
entre otras explotaciones objeto de sus “locomotoras” y compromisos con los
Tratados de Libre Comercio, mientras por otra parte “coloca toda la carne en el
asador” para favorecer que el sistema educativo sea consecuente con los
problemas ambientales.
Ello ni siquiera sería imaginable, sino
imposible de concebir, en el marco de la lógica neoliberal. Por lo que se
convierte en otro gran fraude, el que los Ministerios de Ambiente y de
Educación, articulen junto con las organizaciones a quienes les compete “responsabilidad
ambiental” en los entes territoriales, direccionar procesos globales de
educación ambiental que a su vez posibiliten formaciones para ejercer la
construcción de ciudades educadoras, departamentos educadores.
Lo que llama la atención en esas
contradicciones intra estatales, es que el magisterio, necesitado en hacerse a
las bases de apoyo comunitario para enfrentar al régimen alrededor de la
defensa de la educación pública, además de tener falencias motivacionales y
organizativas para desnudar la imposibilidad que tiene modelo de desarrollo y
sus agentes para cumplir con las tareas en pos de la amigabilidad radical con
la naturaleza, tampoco asuma como debe ser el papel transformador y subalterno
que significa, paradójicamente teorizado por el bloque burgués dominante, “incorporar
la problemática ambiental local al quehacer de las Instituciones Educativas”.
Si el magisterio, guiado por su dirección
sindical se hubiera puesto seriamente a cumplir con esta aún necesaria tarea
articuladora de la escolaridad con la existencia socio-cultural, hace tiempo,
por vía de verdaderos y realistas proyectos pedagógicos institucionales, estaríamos
ante ciudadanos crítico-argumentativos y alterno-propositivos que en las calles y
comunidades, no solo leerían bien las situaciones problemáticas como las
pobrezas, sino también que estarían en primera línea protagonizando los cambios
que la Escuela si hubiera podido propiciar.
Incluso, si la Escuela pública hubiese
aprovechado la autonomía que la contra reforma educativa neoliberal terminó de
reducir desde el 2.002, otra cosa muy distinta estaríamos diciendo respecto a
la adecuación que la Ley 715 y sus decretos reglamentarios hicieron de las
secretarías de educación como ejes y engranajes eficientes del alud de
lineamientos y políticas que el modelo de desarrollo vigente impuso a favor de
las privatizaciones en el sector y ante lo cual, el magisterio, por causa del
acostumbramiento a la administración de currículos predeterminados, falta de
ejercicio propositivo, encasillado por el asistencialismo de los directivos y
sin cultura de la investigación, sólo atinó a reafirmar el contestarismo
extremo que hasta ahora ha impedido emplear las propias armas del opositor para
convertirlas en ejes de los cambios.
Por esas últimas razones, entre muchas, no se
pudo impedir que los entes educativos del nivel superior siguieran
relacionándose tutelarmente con los Colegios, descuidando procesos y
cumplimientos normativos, todo ello porque para poder controlar
centralizadamente los mínimos dineros trasferidos con base en la percapitación
de estudiantes y cumplimientos de normas técnicas, mantienen saturados a los
nuevos gerentes escolares con los registros estadísticos sobre las coberturas,
asistencias laborales y promociones.
Así, mientras el Estado inyecta mayores
variables en contra de las mejoras educativas por vía de dudosos concursos para
conocer a ciencia cierta las competencias pedagógicas de los nuevos docentes
destinados a hacer el contrapeso para contribuir a la desaparición por
sustracción de materia del antiguo escalafón docente, la defensa de la
educación pública desde adentro de los planteles cada vez se torna un asunto
más complejo, por las desmotivaciones de los educadores por causa de las tareas
que el entorno problematizado le impone a una Escuela que no puede presentarlas
por falta de capacitaciones In Situ permanentes, pero también porque no se ha
tomado en serio la autonomía trabajada desde la cooperación y el accionar
colectivo contundente alrededor de la contextualización.
Eso, para retomar el tema ambiental, tiene que
ver con el transmisionismo de información, el cual anula la colocación de los
problemas del entorno e internos como ejes curriculares. Así, al no tener en
cuenta esta única oportunidad para enfrentar la incorrespondencia del Estado
entre lo que promulga y práctica, la dirigencia magisterial y sus bases, han
perdido tiempo y posibilidades para hacerse a los aliados comunitarios y
ciudadanos necesarios para poder mantener paros indefinidos contra situaciones
agobiantes, caso salud.
